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LOS DERECHOS DE LA CAPITAL
DE BOLIVIA COMO ASIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO DE BOLIVIA.
Disertación de Joaquín Loayza Valda realizada en el Coloquio: Sucre Capital:
Democracia, descentralización y autonomías.
Sucre, 24 de octubre de 2007.
“El Estado es la realización ética del individuo”, afirma Hegel al
explicar, en su Filosofía de la Historia, la recíproca relación existente entre
la libertad civil y la sociedad organizada políticamente. Este axioma nos
enseña, entre otros asuntos, dos verdades irrefutables: primera, que el Estado
no es sino la representación, más o menos uniforme, de los valores éticos de los
individuos que lo componen y, segundo, que la finalidad del Estado debe
necesariamente ser lícita. La legitimidad de las instituciones del Estado es,
precisamente, la condición que concilia los propósitos superiores de éste con
los intereses éticos del individuo, por tanto, su origen sólo puede fundarse en
las decisiones soberanas de la sociedad. Entendido así el Estado y el modo cómo
los individuos deben relacionarse con él y entre sí, se infiere que la única
manera posible de resolver las contradicciones, incluso las antagónicas, es a
través de la convivencia pacífica, la legalidad y la legitimidad, es decir, a
través del respeto a la libertad y a la democracia.
Establecidos así los fundamentos que hacen posible la existencia del Estado,
corresponde considerar que en Bolivia, que se reputa una sociedad política
democrática y, por tanto, legítima, todas las contradicciones económicas,
sociales, políticas, culturales y regionales deberían resolverse a través de las
instituciones democráticamente establecidas y al amparo de la discusión libre y
soberana entre los individuos que constituyen las clases sociales, las
organizaciones políticas, las agrupaciones sindicales, las entidades cívicas y
otros factores de expresión de la ciudadanía. Sobre la base de este razonamiento
corresponde preguntarse: ¿no sería necesario un mínimo de ética posible en la
conciencia y en el accionar de los ciudadanos que representan los intereses del
departamento de La Paz para comprender que el asiento de los poderes públicos
debe radicar en la capital de la república y prescindir de este modo los
desencuentros que agobian a la nación boliviana? Sí, sin lugar a ninguna duda,
un mínimo de ética posible, en libertad y democracia, debería ser suficiente
para comprender que los órganos del poder del Estado deberían radicar en la
capital de Bolivia. Sin embargo, esta verdad incuestionable, como muchas
evidencias históricas que tienen relación con el estado de atraso de la sociedad
boliviana, ha permanecido desterrada de la conciencia de la ciudadanía durante
más de cien años de abuso e ignominia y sometida a una realidad fundada en la
premisa que la victoria otorga derechos, como único e inútil argumento con el
que se pretende encubrir la carencia de origen soberano y por tanto legítimo, de
la residencia de los órganos del poder del Estado, legislativo y ejecutivo, en
la ciudad de La Paz.
Con extrema tolerancia, sobre la base de argumentos históricos, jurídicos,
políticos y geopolíticos, en vista de la inexistencia de una mínima vocación
ética de quienes representan a los intereses de la ciudad de La Paz para
reconocer la legítima residencia de los órganos del poder público en la ciudad
de Sucre, los habitantes de Chuquisaca han optado someter a la decisión soberana
de la nación boliviana la resolución de este asunto a través de dos
instituciones legítimas y democráticas como son la Asamblea Constituyente y el
referéndum. Todos los departamentos, excepto el departamento de La Paz, en mayor
o menor grado apoyan la reivindicación de Chuquisaca y de la ciudad de Sucre con
relación al retorno de los altos órganos del poder público al lugar donde
legítimamente deben radicar.
Los derechos que le otorgan a la ciudad de Sucre el carácter de capital de la
república de Bolivia y, por tanto, que establecen las condiciones para
establecerse como residencia legítima de los órganos del poder público forman
parte constitutiva del proceso de formación de la nación boliviana, que
constituida en Estado tiene como capital, precisamente, a la ciudad de Sucre.
Esta afirmación debela que la capital de Bolivia fue, además, el núcleo urbano,
económico, administrativo, político, cultural y geopolítico desde donde se
constituyó la nación boliviana. A este respecto deben señalarse dos aspectos
fundamentales:
Primero, que “… los procesos de identidad nacional y cultural de las
sociedades organizadas políticamente en Estados poseen, al menos, dos
cualidades: primera, tienen una evolución dialéctica que no concluye nunca y,
segunda, son la combinación heterogénea, contradictoria, antagónica, pero
siempre resoluble, de relaciones sociales de producción, fuerzas productivas,
entidades ideológicas y valores culturales diferentes que se enfrentan, se
renuevan, se envilecen y dan paso a renovadas formas de organización económica,
política y cultural destinadas también a evolucionar y desaparecer en un
transcurso doloroso, vigoroso, vivo y, por lo tanto, humano. Esto ha sucedido y
está sucediendo en toda la humanidad y ¡cómo no! también en la nación
boliviana.” [1]
Segundo, que “La formación de la nación boliviana se produjo por la
concurrencia de cinco factores de valor y aplicación universal: primero, la
existencia de un espacio geográfico específico y, por tanto, diferente a otros
sistemas geográficos de la región, constituido por el altiplano y las
cordilleras occidental y real de los andes, los bosques amazónicos y los llanos
de moxos, chiquitos y el chaco, integrados por la divisoria hidrográfica
sudamericana y las cuencas fluviales que descienden hacia el oriente desde las
estribaciones andinas; segundo, la ocupación demográfica del espacio geográfico
a través de cinco procesos migratorios conocidos: la presencia arawak en todo el
territorio, la invasión kolla del altiplano y los valles centrales, la conquista
quechua del altiplano, valles centrales y parte de los llanos orientales, la
ocupación guaraní del chaco y ciertos sectores de la chiquitanía y de los valles
centrales y la conquista europea a través de la monarquía española de todo el
territorio; tercero, el desarrollo de las relaciones sociales de producción y de
las fuerzas productivas, desde las formas preestatales y comunitarias de
organización social y económica, pasando por las relaciones precapitalistas
sustentadas en la producción de la plata en Potosí y en el sistema de
intercambio que integraba a las regiones de Charcas con el sur peruano y el
norte argentino y, finalmente, el desarrollo del capital comercial, industrial y
financiero establecido sucesivamente luego de la creación de la república a
través de tres periodos claramente identificados: el proteccionismo estatal, el
liberalismo, el capitalismo de Estado y el neoliberalismo; cuarto, la
organización política de la sociedad, desde las formas gentilicias típicas de
las sociedades preestatales, transcurriendo por el Estado inca, el Estado
monárquico colonial español y el Estado nacional, democrático y republicano
organizado el 6 de agosto de 1825; y quinto, el desarrollo de la conciencia
ideológica a partir de los preceptos y axiomas del conocimiento prehispánico,
continuando por la escolástica, el positivismo y a través de todas las
corrientes del pensamiento vigentes en el siglo XX.” [2]
La reivindicación de la ciudad de Sucre como capital de la república de Bolivia
y sus derechos a la residencia de los órganos del poder público, considerados a
la luz del proceso de formación de la nación boliviana son irrefutables. La
fundación de la ciudad de La Plata, hoy Sucre, no fue un hecho casual y tampoco
obedece a una casualidad la fundación de la ciudad de La Paz. La primera fue
constituida como villa inmediatamente después de los sucesos de Pocona en el
territorio de los indios yampara, una región que se reputaba estratégica desde
los tiempos prehispánicos y que otorgó a sus habitantes una vocación guerrera
necesaria para el estableciendo del equilibrio cultural, demográfico y político.
En efecto, la ciudad de La Plata no sólo fue el centro urbano desde donde se
dinamizaron los procesos de conquista de Lípez, Tarija, Atacama, Chile o que
patrocinó la consolidación de la conquista del oriente de charcas y el
desarrollo de la explotación argentífera en Potosí, Porco y Chayanta, sino, su
calidad de capital de la Audiencia de Charcas posibilitó el necesario equilibrio
geopolítico vigente en la sociedad charqueña y boliviana desde los albores del
siglo XVI hasta las postrimerías del siglo XIX. La segunda, en cambio, fue
fundada como un centro urbano eminentemente comercial en las proximidades del
acceso natural al territorio de la Audiencia de Charcas para facilitar los
flujos de exportación de minerales y de importación de mercaderías de Europa.
Como puede comprenderse, flanqueado el territorio de Charcas por la cordillera
occidental y los desiertos de Lípez y Atacama por el occidente, por las
serranías de Jujuy y el bosque chaqueño por el sur y sureste, por las llanuras
de Chiquitos y Moxos y los bosques amazónicos por el este y noreste, la sociedad
de Charcas disponía de un solo acceso natural hacia el interior de su
territorio: la ciudad de La Paz.
Como se tiene afirmado, este equilibrio geopolítico posibilitó la existencia de
la sociedad de Charcas sobre la base de la estabilidad política, cultural,
económica y social por un lapso superior a tres siglos y medio. Su ruptura,
acaecida como consecuencia de las contradicciones regionales y políticas que
derivaron en la guerra civil de 1898-1899 y el consiguiente traslado de los
órganos del poder público, legislativo y ejecutivo, a la ciudad de La Paz,
generó un conjunto de consecuencias económicas y políticas que no pueden ser
superadas en más de un siglo y cuyos resultados más significativos son: el
debilitamiento del Estado nacional, la carencia de un mercado nacional al que
concurran todas las regiones en igualdad de oportunidades, la ausencia de la
producción social capitalista y el desequilibrio y desintegración regional entre
otros aspectos. En homenaje a la verdad, debe decirse que el traslado del punto
de gravedad política nacional a la ciudad de La Paz, ubicada en el extremo
occidental de Bolivia, influenciada por los intereses geopolíticos establecidos
para el sur del Perú y el norte de Chile y alejada de todas las regiones de
Bolivia, no garantiza la constitución de un orden geopolítico favorable al
desarrollo y al logro del bien común de la sociedad boliviana y si bien no es la
única razón para la existencia de nuestro males, es una causa que por injusta e
intolerable debe resolverse.
Los derechos que ostenta la capital de la república de Bolivia, emergentes del
proceso de formación de la nación boliviana, además de sustentarse en razones de
orden económico y geopolítico, se expresan también a través de normas jurídicas
cuyo denominador común es que todas ellas fueron sancionadas a través de
reuniones legislativas constituyentes, por tanto, su naturaleza jurídica es de
orden constitucional. En cambio, la residencia de los órganos del poder público,
legislativo y ejecutivo, en la ciudad de La Paz no posee un origen soberano, no
emerge de la voluntad democrática del pueblo boliviano, carece de legalidad y
legitimidad y, consecuentemente, es inconstitucional.
La primera norma jurídica que concede a la ciudad de Sucre el rango supremo de
capital de la república de Bolivia y, por lo mismo, sede de todos los órganos de
poder del Estado es el Decreto de 11 de agosto de 1825, emitido por la Asamblea
General Constituyente, la primera y única de carácter originario, a quien la
sociedad boliviana le debe su organización como Estado nacional, republicano,
unitario y democrático, cuyo punto 14º establece: “La ciudad capital de la
república y su departamento se denominarán en lo sucesivo Sucre”. La segunda
disposición jurídica es la ley sancionada el 30 de junio de 1826 por el Congreso
General Constituyente y promulgada por el mariscal Sucre el 1 de julio de aquel
año, dispone: “… El congreso Constituyente faculta al padre de la patria y
fundador de Bolivia, Simón Bolívar, para que designe el sitio en donde hade
construirse la nueva ciudad Sucre y mientras se levanten los edificios
necesarios para el gobierno y cuerpo legislativo, Chuquisaca se declara capital
provisoria de la república.” La tercera es la ley sancionada por el Congreso
General Constituyente el 10 de julio de 1839 y promulgada el 12 de aquel mes y
año por el presidente José Miguel de Velasco, cuyo texto normativo establece
inequívocamente que: “… La ciudad de Chuquisaca es la capital de la república
de Bolivia y conforme a la ley de 11 de agosto de 1825 se llamará en adelante la
ciudad Sucre.” Finalmente, la cuarta disposición jurídica es la ley
sancionada por la Convención Nacional el 18 de junio de 1843 y promulgada en la
misma fecha por el general José Ballivián que dispone: “… La capital de la
república se titulará en adelante la ILUSTRE y HEROICA SUCRE.” Como puede
advertirse, la capital de la república de Bolivia no sólo posee el respaldo
jurídico necesario para respaldar su reivindicación de asiento legítimo de los
órganos del poder público, sino, está demostrado, contrariamente a lo expresado
por cierta corriente de opinión, que el asunto de la capitalidad plena de la
ciudad de Sucre fue objeto de consideración de cuatro asambleas constituyentes,
por tanto, éste es un asunto constitucional que incumbe a los intereses del
conjunto de la nación boliviana.
Considerados los derechos de la capital de Bolivia sobre la base de los axiomas
que informan a la filosofía jurídica, la geopolítica y del derecho positivo,
corresponde ahora referirse a los hechos históricos que acaecieron al finalizar
el siglo XIX y que inauguraron un centenario proceso histórico de disgregación
económica, política, cultural, regional y geopolítica.
La conflagración civil que enfrentó al norte y al sur de Bolivia tiene como
causas inmediatas las siguientes: primera, la caída del precio de la plata al
finalizar el siglo XIX y el ascenso del valor del estaño, circunstancia que
enfrentó a la burguesía de ambas ciudades por el dominio de los yacimientos
estañíferos; segunda, la definición de un programa nacional de comunicación vial
que contemplaba la prolongación del ferrocarril central norte-argentino, el
funcionamiento de la ruta Antofagasta-Oruro y el proyecto de comunicación con el
río Paraguay, propuestas que afectaban los intereses comerciales de La Paz en
tanto único acceso natural a Bolivia y, tercera, la división del Chaco entre
Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, especialmente cuando se comprobó la existencia
de petróleo en aquella región. Sin embargo, las pretensiones políticas de La
Paz, en general, no procuraron afectar la capitalía constitucional que
indiscutiblemente posee la ciudad de Sucre, su objetivo descansaba en la
circunstancia de dejar irresuelto el tema del asiento del Poder Ejecutivo y del
Congreso Nacional. Sin embargo, estas contradicciones de orden regional no
fueron lo suficientemente graves como para alcanzar el grado de confrontación
bélica civil a la que llegaron al finalizar el siglo XIX. En realidad, la causa
inmediata de la conflagración tuvo que ver con las disensiones políticas
establecidas entre el Partido Constitucional y el Partido Liberal, quien,
encontrándose bloqueado en su acceso al poder por la concreción de su programa
de realizaciones económicas llevada a efecto por el constitucionalismo y la
inviabilidad de sus convicciones ideológicas, renovó el asunto de la radicatoria
de los órganos del poder público como un eficaz instrumento de movilización
política.
En el Congreso de 1898, reunido en Sucre entre octubre y noviembre de aquel año,
se consideró primero la cuenta del estado de sitio que se había decretado para
la ciudad de La Paz en enero de 1898 y después el asunto de la capitalía. En el
primer debate, donde los constitucionales obtuvieron una contundente victoria,
la discusión evidenció el estado de confrontación política entre el liberalismo
y el constitucionalismo. En cambio, en el segundo debate, que se caracterizó por
la manifestación de los intereses regionales de los representantes del sur y del
norte y cuyo resultado fue la sanción de la ley de radicatoria, los liberales
alcanzaron una victoria política incuestionable que restringía la respuesta del
Partido Constitucional y del presidente Severo Fernández Alonso a la resolución
de un grave dilema: si se vetaba la ley de radicatoria se alzaba Chuquisaca bajo
la conducción política de su senador José Manuel Pando y si contrariamente se
promulgaba la referida ley se rebelaba La Paz conducida políticamente por el
coronel Pando, quien, en última instancia, respondería favorablemente a los
intereses del departamento de donde era originario. El presidente Fernández
Alonso, cuyo partido atravesaba por un grave cisma orgánico que le impedía
responder coherentemente a la situación planteada por el liberalismo, no
encontró otra salida que la promulgación de la ley de radicatoria, acto que se
verificó el 29 de noviembre de 1898. Poco tiempo después, el 10 de diciembre, el
Presidente salió de Sucre hacia La Paz para concretar una visita administrativa
y política y no en campaña militar.
La respuesta de la ciudad de La Paz a la promulgación de la ley de radicatoria
fue inmediata: organizó un comité federal, convocó a sus representantes a
replegarse y remitió al Presidente un telegrama, fechado el 6 de diciembre,
solicitando la inmediata convocatoria a un Congreso Extraordinario para
considerar un proyecto de cambio de forma de gobierno, solicitud que no fue
atendida en vista que no procedía de una institución legítima ni constitucional
y no contemplaba los procesos de tramitación legalmente establecidos. Con esta
repuesta, en conocimiento que el Presidente había salido hacia Oruro para pasar
luego a La Paz y con el retorno del Ministro Macario Pinilla, La Paz profundizó
el estado de sedición y desobediencia política. El 9 de diciembre llegó el
Ministro a la ciudad, el 11 el pueblo concurrió a votar en las elecciones de
munícipes para hacer imperar la lista propuesta por el Comité Federal, el 12 de
diciembre se declaró en insurrección y organizó una Junta de Gobierno conformada
por Serapio Reyes Ortiz, José Manuel Pando y Macario Pinilla y nombró a Eliodoro
Camacho como general en jefe del Ejército Federal. Con la insurrección de la
ciudad de La Paz, conocida por el presidente Fernández Alonso en Challapata, el
15 de diciembre de 1898, y los aprestos militares mandados a realizar por el
gobierno y la junta de la ciudad de La Paz, la disensión política y regional
alcanzó las dimensiones de una conflagración civil.
Una revisión somera de las acciones militares emprendidas por los contendientes
entre diciembre de 1898 y abril de 1899 permite precisar que la guerra se
desarrolló con la realización de los siguientes incidentes: El ejército
constitucional, conformado por elemento bisoño e inexperto, salió de Oruro el 24
de diciembre de 1898 ejecutando una penetración frontal y rápida hacia Viacha,
localidad que fue ocupada el 29 de enero de 1899. En esta maniobra los
constitucionales cometieron los siguientes errores: primero, se dislocaron del
apoyo de su retaguardia y, segundo, se alejaron de sus fuentes de
aprovisionamiento logístico. Estos errores impidieron contar en el tiempo
oportuno los bastimentos y las municiones para los fusiles máuser y los cañones
krupp para atacar las barricadas paceñas. Hacia el 23 de enero, un mes después
de su salida de Oruro, los constitucionales se encontraron en la necesidad de
dislocar sus fuerzas en dos destacamentos: uno para procurarse víveres en
Corocoro y otro para escoltar las municiones que se encontraban estacionadas en
Ayo-Ayo. Pando y Camacho, cuyas fuerzas habían recibido una dotación de armas
modernas, comprendieron el estado especial de la situación y atacaron el 23 de
enero a las fuerzas de Alonso en Cosmini, después de un riguroso sitio sobre las
fuerzas constitucionales en Corocoro y permitieron la feroz masacre de Ayo–Ayo,
el 24 de aquel mes y año, cometida contra los heridos del anterior combate y los
enfermos de las columnas constitucionales que se quedaron en la iglesia de ese
pueblo al amparo del derecho de gentes, mientras el grueso de las fuerzas
derrotadas emprendía una presurosa retirada.[3] Ante tan desastrosa situación,
el constitucionalismo no tuvo otra alternativa que replegar sus fuerzas hacia
Oruro, donde pudo recuperarse y cobrar fortaleza.
Pando, que había avanzado hasta Sica – Sica, encontró a los Constitucionales
nuevamente agrupados, por lo que desestimó un ataque frontal sobre la ciudad de
Oruro. El 4 de marzo de 1899 propuso al presidente Severo Fernández Alonso un
acuerdo de paz sobre la base de la reunión de una Constituyente de libre
elección, para que resolviera la iniciativa que La Paz tenía presentada a la
nación. Enseguida, proponía al Presidente de Bolivia que cesara su mandato para
proclamar la presidencia del doctor Belisario Boeto, quien era presidente de la
Corte Suprema, para que convocara a dicha Constituyente. Finalmente, Pando
señalaba que la guerra corría el peligro de convertirse en una de razas, por lo
que pedía a Fernández Alonso ayudar a pacificar el país y evitar la guerra que
los indios tenían iniciada. Al responder a esta propuesta de pacificación,
Alonso destacó que estaba presto a concurrir a cualquier solución que respetara
la legalidad nacional, luego, señalaba que no estaba de acuerdo con una
constituyente porque no podía declarar caduca la Constitución ni caducos los
poderes de Senadores ni Diputados. Finalizaba indicando que no podía nombrar a
ninguna persona, por más notable que fuese, Presidente de la República: “Soy
Presidente Constitucional y no puedo obrar sino constitucionalmente”, [4]
concluía.
A mediados de marzo de 1899, cuando la contienda civil había ingresado a un
momento de estacionamiento de hostilidades y la rebelión indígena se encontraba
en su máxima realización, Cochabamba se sublevó contra el orden constitucional,
reivindicando el programa del liberalismo y la presidencia del coronel José
Manuel Pando. Este hecho se constituyó en un punto de inflexión en el conflicto,
porque, al prescindir de las reivindicaciones regionales paceñas en su programa,
transformó la conflagración civil regional en una revolución liberal a la que
pronto se sumaron Sucre, Potosí, Cinti y Lípez. Ante esta situación, que se
definía progresivamente adversa para el futuro político del constitucionalismo
en Bolivia, el presidente Severo Fernández Alonso se encontró obligado a
realizar dos acciones: primera, dividió nuevamente sus fuerzas para enviar un
contingente fuerte que sofocara la revolución cochabambina, acción que resultó
infructuosa, y, segunda, buscó la resolución militar del conflicto en la batalla
del Crucero de Paria, el 10 de abril de 1899, en la que los constitucionales
fueron derrotados por el ejército federal comandado por el coronel José Manuel
Pando y a la que el presidente Severo Fernández Alonso concurrió sin apoyo
político, sin recursos financieros y, por tanto, sin el apoyo logístico
suficiente para enfrentar con éxito una campaña militar. De esta manera, con la
victoria liberal en el Crucero de Paria, Bolivia retornó al cauce del
entendimiento político para la resolución de sus disensiones.
En cuanto a la preocupación de los liberales chuquisaqueños acerca de las
propuestas paceñas de traslado de la capital y el proyecto de federalización de
la república, el propio general José Manuel Pando se encargó de disiparlas a
través de una carta dirigida a Eliodoro Villazón, fechada el 22 de abril de
1899, en la que le decía: “Queda acordado entre los miembros de la Suprema
Junta de Gobierno, que las iniciativas de La Paz serán sometidas, en el simple
carácter de tales, a la consideración de la próxima Convención Nacional. ---
También queda acordado, consultando los derechos que tiene cada departamento de
la República, que mantengan su autonomía, dentro del programa liberal,
proclamado por la revolución, en Sucre, Potosí y Cochabamba.”[5] Por esta
carta se puede entender que el general Pando desautorizó a los doctores Pinilla
y Reyes Ortíz respecto a las pretensiones de la ciudad de La Paz a obtener el
asiento del poder público y, asimismo, que los movimientos revolucionarios de
Cochabamba, Sucre y Potosí transformaron el carácter regional de la guerra civil
en un acontecimiento expresamente político.
Derrocado Alonso, el poder del Estado paso a la responsabilidad de la Junta de
Gobierno constituida por Serapio Reyes Ortíz, José Manuel Pando y Macario
Pinilla, que estuvo vigente hasta el 25 de octubre de 1899, fecha en la que fue
posesionado como Presidente Constitucional de Bolivia, excepcionalmente elegido
por la Convención de 1899, el general José Manuel Pando[6]. En ese medio año que
le cupo administrar los intereses nacionales la junta existió dislocada por los
antagónicos intereses políticos que en ella se expresaban, porque, según escribe
el señor Rodolfo Soria Galvarro, que fue un atento observador de la época: “...
los miembros constitucionales de ella, (padecieron) la frialdad del Partido
Liberal vencedor y los desdenes del caudillo victorioso en el Crucero de
Paria...” [7] El 14 de abril, los doctores Macario Pinilla y Serapio Reyes
Ortíz, en nombre de la junta de gobierno, se apresuraron en promulgar un Decreto
por el que declaraban a la ciudad de La Paz como capital de la república de
Bolivia, en atención a que el servicio público así lo exigía y para atender las
relaciones internacionales y la administración interna del país. El general
Pando no suscribió ese decreto y, contrariamente a lo que se piensa, no estuvo
de acuerdo con aquel, por considerarlo imprudente e inadecuado para la
pacificación del país.
La Convención Nacional de 1899, tan exaltadamente solicitada invocando el nombre
de la libertad, los principios del derecho constitucional, los altos intereses
de la nación, la transformación del Estado y que cobró tan alto precio en vidas,
recursos y la propia integridad nacional[8], se instaló al fin en la ciudad de
Oruro el 20 de octubre de aquel año. Los convencionales de la nación no
acudieron a ella tan solo para elegir excepcionalmente a un Presidente
Constitucional, lo hicieron también para refrendar la organización de un
gabinete enteramente liberal[9] que, contrariamente a las suspicacias liberales
de dos décadas, no expresaba el sentimiento ciudadano de nacionalizar la
política en el país. Antes de la elección presidencial los convencionales
reunidos en Oruro reconocieron la vigencia de la Constitución de 1880, la misma
que el presidente Fernández Alonso había defendido desde las borrascosas
sesiones del Congreso de 1898 hasta su derrota en el Crucero de Paria y la misma
ante la que el general Pando juraba respetar sus preceptos y la ley. Sin
embargo, como la ley es sabia, se dejaba abierta la posibilidad para su reforma
fundamental o parcial, por simple mayoría de votos y sin sujeción a los trámites
establecidos en ella[10]. Quizá con esta posibilidad de reforma constitucional
se tranquilizaba a aquellos que, en su derecho legítimo, creían en la
organización federal del Estado boliviano y por aquella causa lucharon
sinceramente o a aquellos para los que el traslado de la capital hacia la ciudad
de La Paz era un objetivo de interés nacional, aunque no reconociera los
derechos constitucionales históricamente adquiridos y se constituyera en la
fuerza propiciatoria de un centenario proceso histórico de disgregación
económica, política, cultural, regional y geopolítica.
REFERENCIAS
[1] LOAYZA VALDA, Joaquín. La sublevación chiriguana de enero de 1892 en el
proceso de constitución de la identidad nacional y cultural de la nación
boliviana. Conferencia leída en el III ENCUENTRO NACIONAL DE SOCIEDADES
GEOGRÁFICAS Y DE HISTORIA DE BOLIVIA. Santa Cruz, julio de 2003.
[2] LOAYZA VALDA, Joaquín. La evolución de la música como evidencia de la
formación y desarrollo de la nación boliviana. Conferencia leída en el I
ENCUENTRO DE INTERCULTURALIDAD. Sucre, noviembre de 2006.
[3] El Diputado por Sucre, presbítero Juan Fernández de Córdova, que fue
ejecutado en Ayo – Ayo, protagonizó una agria discusión con el diputado por La
Paz Isaac Soria Campero en el ámbito de las deliberaciones acerca de la ley de
radicatoria. En su intervención el Diputado paceño decía: “...Sin duda
alguna, ha creído ese sacerdote levita, que comentando y transfigurando los
hechos de las cámaras del 89, este pueblo ha de vengarse y cometer crímenes sin
cuento... Se equivoca este sacerdote, que profetas ya no existen en este siglo.
Por el contrario, un sacerdote que insidia a un pueblo, hace el papel de un
soldado y aparece ante los ojos del pueblo, como un bandido o algo parecido a
esos de los Vísperos Cilisianos de Roma.” CAMPERO, Isaac Soria. Historia del
Parlamento boliviano de 1898 y la revolución de La Paz. La Paz. Boliviana. 1899.
p. 98.
[4] REPUBLICA DE BOLIVIA. Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas de
1899. La Paz. Los Debates. 1900. P. 361 – 364.
[5] Carta del general Pando al jefe superior, político y militar del sud, doctor
Eliodoro Villazón. Centro Bibliográfico, Documental, Histórico de la Universidad
de Chuquisaca. Fondo documental Prefectura. Serie Correspondencia. 1899. Abril.
[6] Por Decreto de 14 de abril de 1899, promulgado por la Junta de Gobierno,
José Manuel Pando fue ascendido al grado de general de división, accediendo a la
opinión pública unánime de La Paz y como justa recompensa a los heroicos
defensores de la República.
[7] SORIA GALVARRO, Rodolfo. Ultimos días del Gobierno Alonso. Reportaje Para la
Historia. Valparaíso. Universo. 1899. P. 61 – 62.
[8] El 3 de enero de 1899, mientras el país se agitaba en el torbellino de
intereses de toda suerte que produjeron la guerra civil de 1898 - 1899, el Dr.
José Paravicini fundaba en el extremo septentrional de Bolivia, a orillas del
río Acre, un puerto que le permitiría al país no sólo conectarse con la amazonía
y con sus ingentes recursos naturales, sino, sentar su plena soberanía. Ese
puerto se llamó Puerto Alonso. El 30 de abril de 1899, el gobierno del Estado de
Amazonas del Brasil, descontento porque tal puerto afectaba sus intereses
económicos promovió una sublevación contra las autoridades bolivianas iniciando
la Guerra del Acre.
[9] El 27 de octubre de 1899 el presidente Pando organizó su Gabinete con las
siguientes personalidades: Fernando Guachalla, relaciones exteriores y culto;
Carlos V. Romero, gobierno y justicia; Demetrio Calvimonte, hacienda; Samuel
Oropeza, instrucción pública y fomento; Ismael Montes, guerra. REPUBLICA DE
BOLIVIA. Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas de 1899. La Paz. Los
Debates. 1900. P. 200.
[10] Ibídem. P. 197.
